Otra sentencia P2P: FénixP2P, ¿Enlaces = delito? parece que no


Nueva sentencia absolutoria sobre enlaces publicada por el Bufet Almeida, esta vez en Barakaldo, por el Juzgado de lo Penal nº 1
Se pretendía la condena de los acusados en virtud de los dispuesto por el artículo 270 del Código Penal

El tribunal, en primer lugar destaca que la sentencia que se dicta tiene que ser necesariamente absolutoria por falta de prueba de la hipótesis de la acusación.
Si nos atenemos a los antecedentes procesales, la Sentencia dice que antes de acordarse la apertura del juicio oral el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares formularon acusación. A este respecto el tribunal trae a colación una sentencia del Tribunal Supremo (Sala 2) de 17-4-2.001, n° 702/2.001, rec. 961/1.999 que dice lo siguiente:
La situación resultante de esta apreciación y de la decisión de casar la   sentencia de condena en que se ha traducido, lleva consigo como consecuencia una total falta de actividad probatoria valorable; equivalente en términos prácticos a la que se produce en aquellos supuestos en los que se declara la ilicitud de la única de cargo existente. Con el resultado de que la falta de datos -esto es, de presupuestos- probatorios lleva consigo necesariamente la misma ausencia de hechos susceptibles de ser tenidos como probados.”

El art. 142.2 Lecrim exige que en las sentencias se haga “declaración expresa y terminante de los (hechos) que se estimen probados”.

Dicha Sala 2 del Tribunal Supremo ha declarado (sentencias de 17 de noviembre de 1996, 16 y 17 de abril de 2001) que “si ninguna prueba de las producidas por la acusación puede ser valorada, es evidente que no es posible establecer, ni siquiera de manera hipotética, hechos probados”. 
Consecuentemente, el art. 851.2 Lecrim, así como el art. 142.2 de la misma ley, no son aplicables a los casos en los que el tribunal de instancia estima que todas las pruebas producidas en el proceso no pueden ser valoradas como tales en razón de lo dispuesto en el art. 11 LOPJ. Y, reiterando lo que acaba de decirse, lo mismo habrá de suceder cuando el vacío de prueba se deba a otra causa.

La conducta realizada por los acusados es según el tenor literal de la sentencia:  “la conducta atribuida a los acusados habría consistido, en síntesis, en la administración respectiva de una pagina web en la que los mismos establecían links o enlaces que daban acceso a un conocido programa en el que se intercambian por la pluralidad de los internautas archivos concretamente protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, no interviniendo aquellos directamente pues sobre tales obras pero realizando actuaciones de tipo técnico y de control de la web así como ofreciendo listados de los archivos que eventualmente pudieran obtenerse a través de los mencionados programas de intercambio a los que se daba acceso, y no obteniendo una ganancia directa proveniente de la misma entrada a la página web de su titularidad ni, tampoco, como consecuencia de la concreta y final obtención de la obra u obras que serían intercambiadas, aunque sí en concepto de cierta publicidad de productos y servicios varios insertada en las citadas páginas”.

El Tribunal se basa en que: “las páginas a que se refiere nuestro procedimiento no alojaban archivos como tales sino sólo “enlaces”” Es decir, que como la página no albergaba los archivos en su propio servidor, no se puede subsumir dicha conducta en el tipo del artículo 270 del Código Penal

El Tribunal sostiene que la conducta objeto de análisis no tiene encaje en el art 270 del Código Penal que, a la postre y de acuerdo con una determinada política criminal querida por el Legislador, lo que trata de proteger es una obra literaria o artística o científica en sí misma y como manifestación máxima del derecho que sobre ella ostenta su titular.
Aunque deja una pequeña puerta abierta para futuros conflictos, aunque no desde la vía penal: A lo sumo podría hablarse de cooperación necesaria o facilitación para desarrollar una actividad entre particulares, la de intercambio mediante descargas pero que, por otro lado, tampoco es delictiva (a este respecto, también Circular 1/2.006 de la Fiscalía General del Estado). Incluso en el caso, siguiendo el mismo argumento emprendido, de que algún enlace proporcionado en las páginas web a que se contrae la causa hubiera conectado con un servidor que a su vez contuviera la totalidad del archivo concreto solicitado, sólo podría entenderse cometido el delito por el titular de la web si el mismo actuara en connivencia con tal servidor, y además en calidad de partícipe lo cual, y sin que sirva de precedente en cuanto a la intromisión en la estricta labor valorativa del acerbo probatorio de la causa, no se ha acreditado en la misma.

La Sentencia hace una alusión a la Ley Sinde: “La controvertida Ley actualmente en trámite parlamentario para la tan debida como esperada eliminación, real y efectiva, de la posibilidad de descargas en la red no autorizadas por los titulares de derechos de propiedad intelectual y sin que ello entre en conflicto con derechos tan importantes como el de expresión o el del secreto de las comunicaciones, trámite que presumiblemente finalizará en el Congreso de los Diputados en el mes de Marzo de este año con entrada en funcionamiento del especial procedimiento que la misma prevé para antes del verano con casi total probabilidad, contempla el cierre judicial de webs que sirvan sin autorización contenidos sujetos a derechos de autor. Quizá para entonces, o cuando dicha norma obtenga el necesario desarrollo reglamentario quede definido, también desde la perspectiva penal, el concepto “servir” contenidos.

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