El Tribunal Supremo deroga 4 artículos del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal

En 3 autos dictadas el pasado 15 de Julio de 2010, el Tribunal Supremo aprueba derogar 4 artículos del Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999 y deja la derogación de un quinto artículo a expensas de la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Según un artículo de expansion.com esta decisión del Tribunal Supremo, revoluciona el marco de Protección de Datos en España

A continuación, he realizado un pequeño resumen de los argumentos en los que se basa en Tribunal Supremo para derogar estos artículos:

    -artículo 11: en relación con este artículo relativo a la calidad de los datos, el Tribunal Supremo se basa en los siguientes motivos: que el precepto reglamentario es contrario a los artículo 6.2, 11.2.a) y 21 de la Ley Orgánica y a los artículos 6.2.b) y 9 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. el precepto impugnado habilita un nuevo supuesto de tratamiento y/o cesión de datos por parte de las Administraciones Públicas sin consentimiento de los interesados, sin más habilitación que una norma reglamentaria.

    Hay que tener en cuenta las observaciones que formuló el Ministerio de Administraciones Públicas al proyecto de Reglamento, en las que proponía la adición de un nuevo artículo con la siguiente redacción: "La formulación por medios electrónicos de solicitudes en las que el interesado declare datos personales que obren en poder de las Administraciones públicas conllevará la autorización al órgano destinatario de la solicitud para que verifique la autenticidad de tales datos", razón asiste a la recurrente cuando afirma que la redacción del precepto, parcialmente modificado con relación a la propuesta u observación del Ministerio de Administraciones Públicas, supone un tratamiento o cesión de datos sin consentimiento y sin la habilitación legal exigida por los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica.

    La circunstancia de que en la redacción del precepto se hubiera omitido la implícita referencia que en el texto propuesto por el Ministerio de las Administraciones Públicas se hacía a un consentimiento tácito, no permite inferir que el artículo 11 del Reglamento se acomoda a los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica cuando prescinde de la habilitación legal.

    -artículo 18, el Tribunal Supremo expone que este artículo, no se limita a poner de manifiesto que la carga de probar el efectivo cumplimiento del deber de informar corre a cargo del responsable del fichero o tratamiento. Lo que en realidad establece es la obligación de que la prueba de ese efectivo cumplimiento conste documentalmente o por medios informáticos o telemáticos. Y aunque no es posible inferir, que la norma reduce el derecho a probar por cualquier medio de los admitidos en derecho, sí tiene razón la parte recurrente cuando aduce que establece “ex novo”, al margen de la Ley, una obligación adicional.

    La Ley reconoce en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999 el derecho a la información en la recogida de datos, concreta el contenido de la información, y advierte de que el deber de informar ha de ser previo a la recogida, pero salvo la indicación de que la información ha de ser expresa, precisa e inequívoca, ninguna referencia contiene a la forma, abriendo así múltiples posibilidades (escrita, verbal, telemática, etc.). En consecuencia, debe considerarse que el legislador ha optado por la libertad de forma.

    -artículo 38: los apartados 1.a) y 2.

    Con relación al apartado 1.a) limita la impugnación a la frase "... y respeto de la cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa, o tratándose de servicios financieros, no se haya planteado una reclamación en los términos previstos en el Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero".

    Los argumentos que expone la parte recurrente son que la norma con la frase impugnada establece una presunción “iuris et de iure” de que la deuda no es cierta, ni vencida, ni exigible, y que, en consecuencia, en ningún caso puede ser incluida en los ficheros de incumplimiento de obligaciones dinerarias; que permite dejar en manos del afectado el poder convertir unilateralmente en controvertida una deuda que no lo es; que además la inclusión de los Comisionados es discriminatoria con los servicios financieros, en cuanto hay figuras semejantes a los Comisionados en otros sectores como por ejemplo en el de comunicaciones sin que se contemplen las consecuencias previstas en la norma impugnada; que la norma origina inseguridad jurídica; que favorece la morosidad e impide el cumplimiento de las directivas comunitarias en materia de crédito responsable.

    Lo relevante es decidir si el apartado 1.a) del artículo responde a la previsión legal del artículo 4.3, y la respuesta debe ser negativa en atención a la defectuosa redacción del precepto reglamentario por una inconcreción en su texto no solo de aquellos procedimientos que justifican la no inclusión en los ficheros de las deudas a que aquellos se refieren, sino también porque esa vaguedad permite considerar que incluso cuando la reclamación se formule por el acreedor exista la imposibilidad de inclusión de los datos en el fichero.

    La argumentación de la recurrente pone de manifiesto un conflicto de intereses que a la luz de la doctrina constitucional citada en la sentencia debe resolverse exigiendo una mayor concreción en el precepto reglamentario que pondere los intereses en presencia en atención a las circunstancias concretas.

    Todo ello justifica la estimación de la impugnación del artículo 38.1.a) en el sentido de eliminar del mismo la frase "... y respecto de la cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa, o tratándose de servicios financieros, no se haya planteado una reclamación en los términos previstos en el Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero".

    En cuanto a la impugnación del apartado 2 del artículo 38, sostiene la recurrente que con la frase "un principio de prueba que de forma indiciaria ... " se contravienen los artículos 120.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 25 de la Constitución, al tipificar por vía reglamentaria una conducta infractora, así como los artículos 4.3 y 29.2 de la Ley Orgánica, 6 de la Directiva 95/46/CE y 8 y 9 de la Directiva 2008/48/CE, de Crédito al Consumo. Añade que la norma es ambigua y carente de toda seguridad jurídica.

    Lo que el precepto impugnado viene a decir es que si hay un principio de prueba que de forma indiciaria contradiga los requisitos exigidos en el apartado 1 para la inclusión de los datos en los ficheros de solvencia económica, no pueden incluirse, es más, en el párrafo segundo del apartado 2 se considera como suficiente ese principio de prueba para la cancelación cautelar del dato personal desfavorable que se hubiera incluido, imponiendo la cancelación expresamente.

    La norma, quiere responder al principio de calidad de datos, y no tipifica “ex novo” ninguna infracción. Lo que hace es trasladar la carga de la prueba de la concurrencia de los requisitos previstos en el artículo 38.1 al encargado del tratamiento, pero ha de reconocerse que lo hace en términos tales que origina una gran inseguridad jurídica que puede dar lugar a la apertura de expedientes sancionadores.

    Por ello, concluye el Tribunal Supremo que no es conforme a derecho.

    Cierto es que la prueba de indicios es una prueba admitida en nuestro derecho, pero no lo es menos, que no es equiparable a la prueba de presunciones. Sin duda juega un papel relevante en el ámbito cautelar, pero ha de reconocerse que la redacción de la norma al no concretar qué principio de prueba exige (documental, pericial,testifical, etc.), junto a la dificultad de apreciación del grado exigible de la prueba indiciaria, origina en efecto una inseguridad jurídica que debe corregirse.

    -artículo 123.2: El argumento en el que se basa el Tribunal Supremo para anular este inciso es que ni los artículos 35, 37 y 40 de la Ley Orgánica, ni ningún otro artículo de la misma, contempla la facultad que al Director de la Agencia concede el precepto reglamentario Tampoco los artículos 12,13 y 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, prevén la designación que se contempla en la norma reglamentaria impugnada La mención en el precepto reglamentario a "supuestos excepcionales", por su falta de concreción supone la apertura de un amplio campo para la designación que está reñida con el limitado y específico de la encomienda de gestión.

    -Por último, el Tribunal Supremo, deja imprejuzgada la impugnación del artículo 10.2. a) y b), por planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y hasta que dicho Tribunal se pronuncie sobre la cuestión de mención.


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