El Tribunal Supremo deroga 4 artículos del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal

En 3 autos dictadas el pasado 15 de Julio de 2010, el Tribunal Supremo aprueba derogar 4 artículos del Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999 y deja la derogación de un quinto artículo a expensas de la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Según un artículo de expansion.com esta decisión del Tribunal Supremo, revoluciona el marco de Protección de Datos en España

A continuación, he realizado un pequeño resumen de los argumentos en los que se basa en Tribunal Supremo para derogar estos artículos:

    -artículo 11: en relación con este artículo relativo a la calidad de los datos, el Tribunal Supremo se basa en los siguientes motivos: que el precepto reglamentario es contrario a los artículo 6.2, 11.2.a) y 21 de la Ley Orgánica y a los artículos 6.2.b) y 9 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. el precepto impugnado habilita un nuevo supuesto de tratamiento y/o cesión de datos por parte de las Administraciones Públicas sin consentimiento de los interesados, sin más habilitación que una norma reglamentaria.

    Hay que tener en cuenta las observaciones que formuló el Ministerio de Administraciones Públicas al proyecto de Reglamento, en las que proponía la adición de un nuevo artículo con la siguiente redacción: "La formulación por medios electrónicos de solicitudes en las que el interesado declare datos personales que obren en poder de las Administraciones públicas conllevará la autorización al órgano destinatario de la solicitud para que verifique la autenticidad de tales datos", razón asiste a la recurrente cuando afirma que la redacción del precepto, parcialmente modificado con relación a la propuesta u observación del Ministerio de Administraciones Públicas, supone un tratamiento o cesión de datos sin consentimiento y sin la habilitación legal exigida por los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica.

    La circunstancia de que en la redacción del precepto se hubiera omitido la implícita referencia que en el texto propuesto por el Ministerio de las Administraciones Públicas se hacía a un consentimiento tácito, no permite inferir que el artículo 11 del Reglamento se acomoda a los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica cuando prescinde de la habilitación legal.

    -artículo 18, el Tribunal Supremo expone que este artículo, no se limita a poner de manifiesto que la carga de probar el efectivo cumplimiento del deber de informar corre a cargo del responsable del fichero o tratamiento. Lo que en realidad establece es la obligación de que la prueba de ese efectivo cumplimiento conste documentalmente o por medios informáticos o telemáticos. Y aunque no es posible inferir, que la norma reduce el derecho a probar por cualquier medio de los admitidos en derecho, sí tiene razón la parte recurrente cuando aduce que establece “ex novo”, al margen de la Ley, una obligación adicional.

    La Ley reconoce en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999 el derecho a la información en la recogida de datos, concreta el contenido de la información, y advierte de que el deber de informar ha de ser previo a la recogida, pero salvo la indicación de que la información ha de ser expresa, precisa e inequívoca, ninguna referencia contiene a la forma, abriendo así múltiples posibilidades (escrita, verbal, telemática, etc.). En consecuencia, debe considerarse que el legislador ha optado por la libertad de forma.

    -artículo 38: los apartados 1.a) y 2.

    Con relación al apartado 1.a) limita la impugnación a la frase "... y respeto de la cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa, o tratándose de servicios financieros, no se haya planteado una reclamación en los términos previstos en el Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero".

    Los argumentos que expone la parte recurrente son que la norma con la frase impugnada establece una presunción “iuris et de iure” de que la deuda no es cierta, ni vencida, ni exigible, y que, en consecuencia, en ningún caso puede ser incluida en los ficheros de incumplimiento de obligaciones dinerarias; que permite dejar en manos del afectado el poder convertir unilateralmente en controvertida una deuda que no lo es; que además la inclusión de los Comisionados es discriminatoria con los servicios financieros, en cuanto hay figuras semejantes a los Comisionados en otros sectores como por ejemplo en el de comunicaciones sin que se contemplen las consecuencias previstas en la norma impugnada; que la norma origina inseguridad jurídica; que favorece la morosidad e impide el cumplimiento de las directivas comunitarias en materia de crédito responsable.

    Lo relevante es decidir si el apartado 1.a) del artículo responde a la previsión legal del artículo 4.3, y la respuesta debe ser negativa en atención a la defectuosa redacción del precepto reglamentario por una inconcreción en su texto no solo de aquellos procedimientos que justifican la no inclusión en los ficheros de las deudas a que aquellos se refieren, sino también porque esa vaguedad permite considerar que incluso cuando la reclamación se formule por el acreedor exista la imposibilidad de inclusión de los datos en el fichero.

    La argumentación de la recurrente pone de manifiesto un conflicto de intereses que a la luz de la doctrina constitucional citada en la sentencia debe resolverse exigiendo una mayor concreción en el precepto reglamentario que pondere los intereses en presencia en atención a las circunstancias concretas.

    Todo ello justifica la estimación de la impugnación del artículo 38.1.a) en el sentido de eliminar del mismo la frase "... y respecto de la cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa, o tratándose de servicios financieros, no se haya planteado una reclamación en los términos previstos en el Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero".

    En cuanto a la impugnación del apartado 2 del artículo 38, sostiene la recurrente que con la frase "un principio de prueba que de forma indiciaria ... " se contravienen los artículos 120.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 25 de la Constitución, al tipificar por vía reglamentaria una conducta infractora, así como los artículos 4.3 y 29.2 de la Ley Orgánica, 6 de la Directiva 95/46/CE y 8 y 9 de la Directiva 2008/48/CE, de Crédito al Consumo. Añade que la norma es ambigua y carente de toda seguridad jurídica.

    Lo que el precepto impugnado viene a decir es que si hay un principio de prueba que de forma indiciaria contradiga los requisitos exigidos en el apartado 1 para la inclusión de los datos en los ficheros de solvencia económica, no pueden incluirse, es más, en el párrafo segundo del apartado 2 se considera como suficiente ese principio de prueba para la cancelación cautelar del dato personal desfavorable que se hubiera incluido, imponiendo la cancelación expresamente.

    La norma, quiere responder al principio de calidad de datos, y no tipifica “ex novo” ninguna infracción. Lo que hace es trasladar la carga de la prueba de la concurrencia de los requisitos previstos en el artículo 38.1 al encargado del tratamiento, pero ha de reconocerse que lo hace en términos tales que origina una gran inseguridad jurídica que puede dar lugar a la apertura de expedientes sancionadores.

    Por ello, concluye el Tribunal Supremo que no es conforme a derecho.

    Cierto es que la prueba de indicios es una prueba admitida en nuestro derecho, pero no lo es menos, que no es equiparable a la prueba de presunciones. Sin duda juega un papel relevante en el ámbito cautelar, pero ha de reconocerse que la redacción de la norma al no concretar qué principio de prueba exige (documental, pericial,testifical, etc.), junto a la dificultad de apreciación del grado exigible de la prueba indiciaria, origina en efecto una inseguridad jurídica que debe corregirse.

    -artículo 123.2: El argumento en el que se basa el Tribunal Supremo para anular este inciso es que ni los artículos 35, 37 y 40 de la Ley Orgánica, ni ningún otro artículo de la misma, contempla la facultad que al Director de la Agencia concede el precepto reglamentario Tampoco los artículos 12,13 y 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, prevén la designación que se contempla en la norma reglamentaria impugnada La mención en el precepto reglamentario a "supuestos excepcionales", por su falta de concreción supone la apertura de un amplio campo para la designación que está reñida con el limitado y específico de la encomienda de gestión.

    -Por último, el Tribunal Supremo, deja imprejuzgada la impugnación del artículo 10.2. a) y b), por planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y hasta que dicho Tribunal se pronuncie sobre la cuestión de mención.


Intercambio de archivos en REDES P2P; sentencia dictada por el Juzgado nº 7 de lo Mercantil de Barcelona el 2 de Julio de 2009

Interpretación de la legislación de propiedad intelectual en referencia al intercambio de obras sujetas a Derechos de Propiedad Intelectual, a raíz de la reciente sentencia dictada por el juzgado mercantil número 7 de Barcelona.

1.-¿QUÉ SON LAS REDES P2P?
Una red peer-to-peer (P2P) o red de pares, es una red de computadoras en la que todos o algunos aspectos de ésta funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. Es decir, actúan simultáneamente como clientes y servidores respecto a los demás nodos de la red.
Forma coloquial de referirse a las denominadas redes entre iguales, redes entre pares o redes punto a punto. En estas redes no existen ni ordenadores cliente ni ordenadores que hagan de servidor. Las redes P2P permiten el intercambio directo de información, en cualquier formato, entre los ordenadores interconectados.
Hay que entender que el funcionamiento de estas redes, se basa en la premisa de compartir todo tipo de archivos entre los usuarios de dicha red. Son redes con multitud de usuarios interconectados entre sí, con la intención de obtener acceso a los archivos compartidos por cada uno de ellos. Es decir, cualquier usuario conectado a una red P2P, en el momento en que se conecta, y mientras permanezca conectado, tiene acceso a los archivos compartidos por los demás usuarios conectados a la misma red; y todos los demás usuarios de la red, tienen acceso a los archivos compartidos por dicho usuario. Pongamos un ejemplo:
Una red P2P que consta de 4 usuarios; cada uno de esos usuarios tiene 3 archivos compartidos distintos de los que tienen los demás, es decir:
-Usuario 1 comparte los archivos: A, B y C
-Usuario 2 comparte los archivos: D, E y F
-Usuario 3, los archivos: G, H, I
-Usuario 4, los archivos: J, K,L

Cada usuario tiene acceso a todos los archivos desde el A hasta el L, y es cuestión de tiempo que consiga una copia de esos archivos, descargándoselos de los demás usuarios; osea que en un lapso de tiempo más o menos corto dependiendo de la velocidad de la red; tendríamos 4 copias de los archivos en cuestión. Luego está bastante claro, que se puede considerar a la red P2P como una red de difusión de archivos
Así es como funciona este tipo de redes. Ahora, la gran mayoría, por no decir todos, de los archivos que se pueden almacenar en el disco duro de un ordenador personal, son susceptibles de estar sujetos a los derechos sobre la propiedad intelectual; el problema viene cuando se comparten dichos archivos. Hay varios supuestos:
-Que el archivo sea compartido por el titular de los derechos de propiedadintelectu al: no supone mayor problema si dicha persona, conoce el funcionamiento de la red P2P y por lo tanto que al compartir el archivo, todos los demás usuarios de la red pueden tener acceso a dicho archivo y conseguir una copia de él. Ya que según el art 14 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que corresponde al autor de la obra decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, y está claro que Internet y las redes P2P son un medio perfectamente válido para divulgar obras
-Que el archivo sea compartido, por su poseedor, pero no por el titular de los derecho de propiedad intelectual, por ejemplo, compro una película en una tienda, en el momento que la compro, soy propietario de la copia que he adquirido, y tengo derecho a verla en mi casa; pero no soy titular de la mayoría de los derechos de explotación sobre dicha película; es decir, no puedo reproducirla, ni distribuirla, ni comunicarla públicamente. Obviamente, si no soy titular de dichos derechos, al compartirla en una red P2P, todos los demás usuarios tendrían acceso a ella, y yo estaría vulnerando de manera clara los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre esa película. Esto se explicará más adelante.

2.-¿LEGALES O ILEGALES?
Para entender si estas redes P2P son legales o ilegales, hay que tener en cuenta los Derechos sobre la Propiedad Intelectual que recoge el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Si bien es cierto, como se dice en la sentencia del juzgado mercantil número 7 de Barcelona; Procedimiento N° 401/09 E AUTO N° 138/09 que en la actual Ley de Propiedad Intelectual no se prohíben, con carácter general, las redes P2P. Y que, los comportamientos y actividades que se desarrollan en estas redes no encuentran un acomodo claro y específico en los comportamientos que prohíbe la ley, en especial la reproducción, distribución y comunicación pública sin autorización. Por ello, la actividad desarrollada por el demandado difícilmente encuentra acomodo en los actos típicos de la Ley.
También lo es que conforme a esta ley, la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el hecho de su creación; está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor, la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas por la Ley.
Las redes P2P, como meras redes de transmisión de datos entre usuarios de Internet no vulnera, en principio, derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual. Hay parte del “gran almacén”, que contiene archivos que no son protegidos. También hay obras que ya no son objeto de protección porque ha transcurrido el plazo de duración de los derechos y hay obras que cuya protección no está encomendada, en este caso concreto, a la SGAE. Por tanto, resulta necesario delimitar claramente obras protegidas y comportamientos que pueden infringir la LPI.
El art 14 de la ley establece que corresponde al autor decidir si su obra ha de ser divulgada y en que forma.
Y los art 17 a 23 recogen los distintos derechos de explotación, que podrían verse vulnerados; vamos a resaltar los art 18 al 20 de dicha Ley.
En dichos artículos, se recogen algunos conceptos claves:

-Reproducción (art 18): “fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias.”

-Distribución (art 19): “puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.”

-Comunicación pública (art 20): “todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo”.

Según la reciente sentencia del juzgado mercantil número 7 de Barcelona; Procedimiento N° 401/09 E AUTO N° 138/09 “Las redes P2P, como meras redes de transmisión de datos entre usuarios de Internet no vulnera, en principio, derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual”, además en esta sentencia se entiende que los art 18 y 19 de la Ley de Propiedad Intelectual no encajan en el supuesto de intercambio de obras mediante redes P2P.
Deja una duda planteada, respecto al art 20 de esta Ley: “El derecho de explotación que podría verse comprometido con la actividad desarrollada en las redes P2P es la comunicación pública”

En lo relativo a la reproducción, en el caso de las redes P2P, se permite la comunicación y la obtención de copias de la obra en cuestión. Existe una fijación en la red, dicha fijación se realiza en los discos duros de los usuarios, que son parte de la red, si bien es cierto que la simple fijación de la obra en el disco duro, no permite la comunicación ni la obtención de copias por terceros; es igualmente cierto que la red no existiría si los ordenadores, y por lo tanto sus discos duros, no estuvieran conectados a la red; entonces, parece claro, que en el momento que el ordenador, se conecte a este tipo de redes y comparta los archivos de su disco duro, estaríamos dentro del supuesto de reproducción recogido en el art 18 de la Ley de Propiedad Intelectual
Analizando el supuesto de la distribución, en las redes P2P, se pone a disposición del público del original o de las copias en un soporte tangible, pero no existe ni venta ni alquiler, ni préstamo; simplemente se pone a disposición del público. El legislador no es nada claro en el art 19 de la LOPI cuando dice “de cualquier otra forma” ¿a qué se refiere?
¿A cualquier otro tipo de contrato?Si es así el contrato que más se asemejaría a la relación que se establece en las redes P2P es el de permuta; según el art 1538 CC : “la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra”; pero en las redes P2P, realmente, nadie se obliga a dar nadase puede o no compartir archivos, que igualmente se va a tener acceso a los archivos de los demás usuarios de la red.
¿A cualquier negocio jurídico? Podríamos entender que lo que ocurre en las redes P2P se asemeja a una donación; art 618 CC: “la donación es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa a favor de otra, que la acepta”. Pero la donación es una forma de adquirir la propiedad sobre una cosa, y en las redes P2P, el que accede al archivo, no adquiere su la propiedad sobre dicho archivo, sino que adquiere una copia; no adquiere la propiedad sobre el archivo, sino que adquiere dicha propiedad sobre la copia del archivo.
Además, ya que la donación es una forma de adquisición de la propiedad, ¿que pasaría si el supuesto donante no fuera el propietario del archivo? Porque está claro, que no puede donar, quién no puede disponer de la cosa, al no tener el derecho de propiedad sobre dicha cosa.
En las redes P2P no cabría donación, porque no se transmite la propiedad de la cosa. Realmente, lo que se está haciendo, es facilitar la obtención de una copia de la obra.
Y por último, podemos entender que el Derecho de Comunicación Pública, si que sería vulnerado en el caso de compartir un archivo mediante redes P2P; ya que en este tipo de redes, parece claro que una pluralidad de personas tiene acceso a la obra, sin que se produzca distribución de ejemplares, como ya se ha explicado anteriormente.
Según el art 20 relativo a la comunicación pública:
    1.-Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares de cada una de ellas. No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo
    2. Especialmente, son actos de comunicación pública
    c)La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. El concepto de emisión comprende la producción de señales portadoras de programas hacia un satélite, cuando la recepción de las mismas por el público no es posible sino a través de entidad distinta de la de origen.
    e)La transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono.
    i)La puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija.

Queda aclarado en la sentencia que mediante las redes P2P se produce una puesta a disposición del público de obras, comportamiento en ocasiones dirigido a multitud de personas.
También dice la sentencia que el comportamiento de los usuarios de estas redes es descargar un archivo desconociendo si a su vez lo está compartiendo: “el tipo legal no cuadra exactamente con el comportamiento de los usuarios de tales redes, puesto que, por un lado, en la mayoría de los casos el usuario tiene como única intención descargar un archivo desconociendo si de la parte de ese archivo que tiene descargada en una parte del disco duro de su ordenador se están descargando a su vez otro usuario o una pluralidad de usuarios. Puede ser perfectamente posible que el intercambio de archivo sea con una única persona .”
Esto contradice totalmente la naturaleza de las redes P2P, si hemos dicho que son redes pensadas para compartir archivos que los usuarios tiene en sus discos duros, ¿como va a desconocer un usuario de estas redes que está compartiendo un archivo que está descargando en su disco duro, y que él ha obtenido de otro disco duro? Es decir, ¿como puedo desconocer el funcionamiento de la red P2P, cuando la estoy utilizando precisamente para compartir archivos? Porque a pesar de que el intercambio de archivo puede ser con una única persona, en ningún momento se ha dicho que las redes P2P sean redes cerradas.
En cuanto a esta afirmación: “Por otro lado, tampoco se puede decir que mediante este sistema la puesta a disposición al público de las obras no permite necesariamente ni en todos los casos que los usuarios puedan acceder a ellas en el momento que elijan. Según la propia naturaleza del sistema, la efectiva subida y bajada de datos dependerá de que otros usuarios estén en ese mismo instante conectados.”
Es totalmente cierta, si yo no estoy conectado a la red, no puedo compartir mis archivos, pero ¿y si estoy permanentemente conectado a la red? y por lo tanto el archivo está a disposición de cualquier otro usuario en cualquier momento. Internet, y por lo tanto las redes P2P están permanentemente en funcionamiento, bastaría con que yo esté conectado durante un período
Además esto en el momento que el archivo sea compartido con otro usuario, la posibilidad de acceder al archivo en cuestión por un tercero se multiplica por 2 (el tiempo que yo esté conectado, y el tiempo de conexión de otro usuario).
Las posibilidades de acceder al archivo irían aumentando en progresión geométrica fácilmente entendible; teniendo en cuenta el gran número de usuarios de redes P2P las posibilidades aumentarán de forma considerable en un lapso de tiempo no excesivamente grande, y entonces cualquier usuario podría acceder al archivo en el momento que elija, porque el archivo estará en discos duros de multitud de usuarios, será compartido por todos ellos.
Por lo tanto, entiendo que en caso de compartir obras sujetas a derechos de Propiedad Intelectual, mediante redes P2P, si que se estaría realizando una comunicación pública de la obra, vulnerando el derecho dispuesto en el art 20.2 i) de la Ley de Propiedad Intelectual.

Como conclusión, entiendo , que en el caso de las redes P2P, si que se vulneran los Derechos de Propiedad Intelectual recogidos en los art 18 y 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, relativos a la reproducción y comunicación pública de las obras. Obviamente, estaríamos hablando de la vulneración de estos Derechos en el caso de compartir archivos que contengan obras sujetas a Derechos de Propiedad Intelectual, de los que la persona que comparte dicha obra no es titular.

3.- PROBLEMAS DE CONTROL
También hay que decir que actualmente, con la tecnología disponible, es prácticamente imposible controlar el intercambio de archivos mediante redes P2P, ya que no existen medio técnicos para ello. Además, en el supuesto de poder controlar todo lo que una persona pudiese compartir mediante redes P2P, entraríamos posiblemente en conflicto con la protección de la intimidad y privacidad de la persona, garantizada por la Constitución española, la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 y el reglamento de desarrollo de dicha Ley
Hemos llegado a la conclusión, de que las redes P2P en sí no son para nada ilegales, lo que está fuera de la ley es intercambiar archivos sujetos a derechos sobre la propiedad intelectual, sin ser titular de dichos derechos; pero si una persona, es titular de los derechos de propiedad intelectual de una obra, y quiere difundirla mediante el uso de redes P2P, es completamente lícito que lo haga.
El problema, es que no se puede controlar lo que cada usuario de redes P2P tiene en su disco duro, y por lo tanto es susceptible de ser compartido, ya que esto atentaría contra el derecho fundamental a la intimidad reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución española.
Tampoco se puede controlar quién es el que comparte los archivos, porque, aunque esto si es posible, pues los proveedores de la conexión a Internet, pueden controlar quien se conecta y a donde, esos datos no se pueden utilizar para reconocer a ninguna persona, porque entraría en conflicto con el derecho a la protección de datos, reconocido por la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, en realidad lo único que pueden hacer es registrar que un ordenador se ha conectado a otro, en un determinado momento, y durante un tiempo, pero no pueden identificar a nadie.

Inicio y saludos

Un saludo a todos los lectores.Inicio este blog con la intención de aclarar, o por lo menos comentar las diversas y complejas situaciones que pueden darse hoy en día en Internet, y que desde un punto de vista jurídico tienen gran relevancia en la vida de cualquier usuario de la red.Hoy en día, surgen en Internet muchos problemas o situaciones en las que no se sabe muy bien como actuar desde un punto de vista legal; desde timos a la hora de realizar una compra, hasta descargas "legales" de diversas obras como películas o música, pasando por cuestiones relativas a los numerosos datos que se pueden conocer de una persona en Internet... Situaciones ante las cuales el usuario medio, no sabe como actuar, y mucho menos si no tiene conocimientos jurídicos suficientes como para por lo menos orientarsePor eso surge la idea de crear esta bitácora, para comentar y aclarar dudas que puedan surgir, dentro de mi modesto conocimiento de la compleja realidad que nos atañe.
Muchas gracias a todos.
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